Dos personas muertas y seis heridas (incluidos cinco agentes estadales) fue el saldo de un violento enfrentamiento ocurrido en la tarde de ayer, entre funcionarios de la Policía de Anzoátegui y trabajadores de la empresa Mitsubishi, situada en la Zona Industrial Los Motones de Barcelona.
Los hechos comenzaron a las 2:45 pm, cuando en las instalaciones de la compañía se presentó una comitiva de los tribunales I y II de Ejecución de Medidas del municipio Simón Bolívar, acompañada de alrededor de 30 Uniformados de Polianzoátegui. ¿El objetivo?: hacer cumplir una medida cautelar en atención a un amparo constitucional, solicitado por representantes de la empresa automotriz.
Con dicha acción legal se buscaría reanudar la producción de la Mitsubishi, que fue paralizada desde el 12 de enero de 2009, por parte de un grupo de trabajadores.
Félix Martínez, secretario general del sindicato, argumentó, previo a la llegada de las autoridades, que el patrono violentó los artículos 33 y 193 de la Ley Orgánica del Trabajo, relativos al derecho a laborar y el pago de tiempos de viaje.
En relación al primer punto, recordó que la Mitsubishi “dejó en la calle” a 135 empleados de Induservi (una contratista), luego de rescindir el contrato con esta compañía.
Desde su llegada, las juezas se abocaron a la difícil tarea de mediar. Insistían en la necesidad de hacer efectiva la orden judicial, constituir los tribunales, escuchar los alegatos de los empleados y dialogar.
Martínez propuso que se instalaran en la parte de afuera, pero los juristas se negaron. “Ahora van a ser responsables de lo que ocurra”, advirtió.
A las 3:00 de la tarde y después de una intensa discusión, una de las juezas apuntó: “Les dimos la oportunidad de mediar y no la aprovecharon. Busquen al cerrajero”, ordenó.
A las 3:20 pm se apersonó un ciudadano con una cizalla en mano, lo cual molestó a los trabajadores que se reagruparon en una cadena humana para bloquear la entrada a las instalaciones de la MMC.
Los minutos transcurrían y entre la multitud se corría el rumor de que la policía no lanzaría lacrimógenas porque no tenían suficientes. A las 4:10 pm, siete patrullas se alinearon y a las 4:15 empezaron a enfilar las bombas que aparecieron gracias a la colaboración de la Guardia Nacional.
Los trabajadores no se quedaron atrás y respondieron con piedras del tamaño de pelotas de béisbol y que impactaban contra los vehículos estacionados en las áreas externas. Los obreros quemaron un carro, mientras a más de uno se le ensagrentó el rostro debido a las pedradas recibidas.
A las 4:30 pm se escuchó una ráfaga de tiros, distinta al sonido de las escopetas “pajizas” con las que se disparan los perdigones. Un obrero de MMC identificado como José Javier Marcano Hurtado (36), resultó muerto en el acto.
Mientras tanto, las juezas se refugiaron en la sede de Alimentos Polar. Posteriormente se retiraron de la escena, escoltadas por uniformados.
A las 4:45, se oyó otra ráfaga de tiros: un segundo empleado, esta vez de Macusa y quien respondía al nombre de Pedro Suárez Coito (24), cayó abatido a las puertas de la compañía.
A las 5:00 pm se presentó Alí Véliz, titular de la Inspectoría del Trabajo de Barcelona, quien de plano rechazó la violencia y lamentó las muertes.
Cuestionó la actitud “inapropiada” de los empleados que no siguieron los procedimientos de ley, como introducir un pliego conflictivo. “Son las instituciones las que deben dar respuesta (…) La ley es la ley por dura que parezca”.
Además, adujo que su despacho siempre ha estado dispuesto a mediar y que hace seis meses se instalaron las mesas de dialogo. También se hizo presente la abogada defensora de los trabajadores, Raquel Alí, quien denunció que en varias ocasiones le solicitó a William López, jefe de Recursos Humanos de MMC, que no ejecutara la medida y no la atendió.
A las 6:00 pm, el director de Polianzoátegui, Ulises Flores, negó que las balas que mataron a los jóvenes provenieran de las armas de sus funcionarios. “Ninguno tiene pistola”. A esa hora, supuestamente recibió una orden del gobernador Tarek William Saab para que se retiraran y así lo hicieron.
La denuncia
Después de todo, los obreros continuaron la toma bajo un tremendo chaparrón. Empapados, aseveraban que los policías se burlaban de ellos “cuando disparaban con armas de 9 milímetros”. Enseñaron los cartuchos.
Francisco Rojas y Andru Salazar cuestionaron que las juezas llegaran a esos extremos y manifestaron que siempre han estado dispuestos al diálogo, “pero no la empresa”.
Vía telefónica, el vicepresidente de MMC Automotriz, Jorge Díaz del Castillo, lamentó lo sucedido. Reiteró su negativa a contratar a las 135 personas de Induservi. Acotó que en ningún momento se han negado a discutir el contrato colectivo. “Lo que se está dirimiendo es un documento conciliatorio de 20 puntos, de los cuales 18 ya están aprobados y dos por aprobar”. Reiteró que los tomistas no siguieron los pasos de ley para decidir frenar la producción.
Otro intento fallido
Desde el lunes y hasta el día de ayer, los juzgados I y II de Ejecución de Medidas del municipio Bolívar habían asistido en tres ocasiones a la sede de Mitsubishi a aplicar la medida cautelar, pero no tuvieron éxito. Ayer, después de todo el enfrentamiento, la situación siguió igual pues no pudieron instalarse. El vicepresidente de la empresa, Jorge Díaz del Castillo, explicó que la toma que se está realizando desde el 12 de enero ha frenado la producción de vehículos y por ende el proveer a las 72 concesionarias en todo el país. Félix Martínez, del sindicato, recordó que el problema es de voluntad. “Hace tres meses introdujimos un pliego conciliatorio y la empresa ha dilatado la discusión”.
LIZARDO AGUILAR ROJAS
Escrito por eltiempo
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