CARACAS.- A 20 años de los sucesos que desencadenaron el Caracazo, la asociación civil Cofavic planteó la necesidad de crear una coalición de la verdad, liderada por el Gobierno nacional y que cuente con la participación de todos los sectores de la sociedad venezolana, que permita revisar los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos a lo largo de las últimas décadas.
La directora ejecutiva de la agrupación, Liliana Ortega, señaló que el objetivo final será presentar un informe que signifique el punto de partida para la construcción de un sistema democrático real e inclusivo. Ortega aseguró que esta instancia debería iniciar su trabajo con el estudio de la masacre de El Amparo, ocurrida en 1988, y después seguir con el Caracazo (27 y 28 de febrero de 1989), la masacre del Retén de Catia, las desapariciones forzadas de Vargas, los quemados de La Planta, y la masacre de la cárcel de Vista Hermosa, además de otros casos históricamente relevantes.
“Creemos que es indispensable que esa coalición por la verdad y la justicia goce del apoyo de todos los sectores del país. Nadie puede ponerse de lado, en la acera de enfrente, para evadir la posibilidad de que cada venezolano pueda acceder a la verdad y a la justicia”, comentó.
Ortega recalcó que este tema no debe ser infiltrado por la polarización política, e insistió que la misión fundamental de esta coalición es hacer una revisión objetiva de cada caso para plantear las recomendaciones, sin intervenir en la labor de los tribunales.
“El diagnóstico está hecho. Más diagnósticos no son necesarios. Ahora hay que tomar medidas concretas que permitan avanzar en este tema, dar una respuesta, y llevarnos a la verdad y la justicia. La impunidad genera efectos perversos en una sociedad, cierra espacios democráticos, y propicia la pérdida de autoestima de los pueblos”, apuntó.
A pesar de que han pasado 20 años de los sucesos del Caracazo, Cofavic considera que la sociedad venezolana todavía no ha dado pasos reales que permitan cerrar este capítulo.
Víctimas
En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que condenó al Estado por estos hechos. El fallo sólo ha sido cumplido parcialmente. Las autoridades venezolanas cancelaron las indemnizaciones ordenadas y publicaron el veredicto íntegro, pero aún no han adecuado los planes de control del orden público, ni han sancionado a los responsables.
Aura Liscano, hermana de José Miguel Liscano, desaparecido el 28 de febrero de 1989, cree que no ha existido voluntad política para hacer justicia en los casos del Caracazo. “¿Cómo se explica que 20 años después nadie ha sido condenado ni se han devuelto los restos a los familiares de la víctimas, que es el mínimo gesto humanitario que merecemos? Hoy en Venezuela es importante rescatar la verdad y la justicia. Sin verdad y justicia no puede haber perdón, no se puede pasar la página cuando hay tantas personas que desean saber cómo fueron asesinados sus seres queridos”, comentó.
Saqueos y muerte
Las jornadas de protestas y saqueos conocidas como El Caracazo, se iniciaron en Guarenas el 27 de febrero de 1989, tras el anuncio por parte del recién electo gobierno de Carlos Andrés Pérez de un paquete de medidas económicas. La represión de manifestantes dejó, de acuerdo a cifras oficiales, 277 muertos, pero según fuentes extraoficiales este número supera los 3 mil.
felipe gonzález roa
Escrito por eltiempo
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