El poder electoral

DESDE CARÚPANO.- El año que comienza es crucial para la restauración democrática de Venezuela, y así lo han asimilado y entendido tanto el gobierno “bolivariano, revolucionario y socialista” – e inepto, militarista y corrupto- como los distintos sectores de la oposición. El primero echa a la calle todos los recursos financieros de la nación y acentúa la represión militarista contra el pueblo, en empresa de ventajismo para aterrorizar y arrodillar al país, en dirección de su perpetuidad en el poder, y los segundos hacen a un lado las diferencias y realizan nobles esfuerzos en función de articular la unidad que les permita enfrentar los retos electorales y políticos que determinarán los cambios indispensables al objetivo esencial de la institucionalización democrática.

Dentro de tal cuadro y frente a la realidad política por la que atraviesa el país, es inevitable considerar el enfrentamiento contra el poder electoral. Cuando la revolución de octubre de 1945 reconoció e hizo ley de la República, la elección universal, directa y secreta del Jefe de Estado, de los legisladores nacionales y regionales y de los concejales, y con ella, el derecho de los venezolanos mayores de 18 años, hombres y mujeres, alfabetos o no, a elegir y ser electos, se creó el poder electoral sobre bases de igualdad, de pluralidad y de transparencia en el ejercicio y el desarrollo de sus funciones, tan trascendentales para el establecimiento y el permanente fortalecimiento del régimen democrático.

Se decidió la integración paritaria de ese poder en todas sus instancias, con representación de los distintos partidos políticos, según el resultado de las previas elecciones parlamentarias.

Y la presidencia del organismo se confirió siempre, por acuerdo partidario general, a personalidad independiente de reconocida honorabilidad pública. De esa manera se ponían vallas insalvables al ventajismo gubernamental, al chanchullo, a las trácalas, que antes signaron todos los procesos de selección popular de los gobernantes y legisladores municipales, regionales y nacionales.

Por tal camino se llegó a la elección universal, directa y secreta de Rómulo Gallegos en 1947 y de los primeros parlamentarios nacionales y regionales, directa y soberanamente designados por el pueblo. Desde luego, el paréntesis de la tiranía militar y criminal de Marcos Pérez Jiménez interrumpió esa práctica eminentemente democrática, que fue restituida a partir del 23 de enero de 1958, y que siguió presidiendo los procesos electorales nacionales.

Hasta ahora, cuando se reinstalan los vicios del ventajismo gubernamental y se hace a un lado la integración paritaria y confiable del poder electoral, en el que hoy despachan, al arbitrio del gobierno, cuatro rectores dispuestos a todas las marramucias para garantizarle al Presidente la materialización de su sueño de perpetuidad en el poder, por sobre la voluntad popular.

Contra un poder electoral así integrado, en negociación de todo principio de moral pública y de ética política, hay que dirigir y encauzar la lucha democrática, por cuanto es indispensable para garantía de la total restitución del régimen democrático en nuestro país a partir de este año.

Héctor Strédel

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