La Asamblea Nacional

DESDE CARACAS.- Las elecciones de septiembre próximo, para elegir una nueva Asamblea Nacional serán, sin duda alguna, el hecho político más significativo de 2010. La presencia de parlamentarios de oposición, por sí misma, ya debe darle un nuevo giro a este escenario que en los últimos años ha demostrado seguir los designios presidenciales al pie de la letra. El parlamento podría ser un espacio para el debate y la confrontación, así como para la generación de consensos.

Podría recuperar un grado de autonomía respecto del poder Ejecutivo y de esa forma construir una agenda propia, cercana a los problemas reales del país. En este nuevo escenario político, una prioridad legislativa debe ser comenzar el desmontaje del aparato legal que de forma paulatina ha minado las libertades en Venezuela, en los últimos cinco años.

La vocación oficial, de pretender controlar los ámbitos de la vida pública y privada de Venezuela, encontró en 2005 el camino allanado para alcanzar tal fin. La autoexclusión opositora de la cámara legislativa no sólo fue un error político en aquella coyuntura, sino que le facilitó al chavismo el control absoluto del órgano parlamentario, desde donde comenzó a ejecutarse el dominio sobre el resto de poderes,ya de forma más abierta.

En el seno de la Asamblea Nacional no sólo se aprueban las leyes que rigen al país, sino que también –y cada día es más evidente la importancia de estos- se designa al resto de los poderes públicos, con excepción del Ejecutivo.

Se trata del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Todos son poderes que, según la letra de nuestra Constitución deberían gozar de autonomía y jugar una suerte de contrapeso ante las decisiones del Ejecutivo. Una Asamblea Nacional plegada a los designios del presidente Chávez no sólo estuvo presta a aprobar lo que el jefe de Estado le ordenase, sino que también fue la escena para que estos poderes quedaran sumisos.

Hoy, la división de poderes, un pilar de la historia democrática mundial de los últimos tres siglos, es puesta en entredicho por la presidenta del Tribunal Supremo. Justamente una Asamblea Nacional plural, electa democráticamente, con presencia de las fuerzas opositoras, sería el contrapeso para salirle al paso a este tipo de declaraciones que buscan minar los principios de la democracia.

Con un parlamento compuesto con representación diversa, sin duda alguna, figuras adeptas al presidente Chávez, como la magistrada que encabeza el TSJ o la fiscal general Ortega Díaz no estarían ocupando tales posiciones. La elección de este año, entonces, tiene un valor que va mucho más allá de la propia elección de los diputados.

Aunque es crucial que la oposición democrática obtenga una representación significativa, lo más importante parece ser dar un primer paso para desmontar el andamiaje legislativo-jurídico que en los últimos años ha puesto un cerco para las libertades civiles y políticas en Venezuela.

Obviamente a este escenario teme el chavismo más radical, aquel que no cree en las reglas democráticas, sino en la permanencia del líder de forma sempiterna.

Andrés Cañizález

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