BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino pidió a la Justicia la intervención de Papel Prensa, la principal productora nacional de papel para diarios, y denunció a directores de la firma por supuestas irregularidades en el funcionamiento del directorio, informaron fuentes judiciales citadas hoy por medios locales.
La presentación judicial fue hecha por el secretario argentino de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en representación del Estado, socio en Papel Prensa de los diarios Clarín y La Nación.
En la denuncia, señalaron las fuentes, Moreno solicitó la «nulidad de todas las reuniones de directorio celebradas a partir del 4 de noviembre del año pasado».
Tras aludir a «graves irregularidades» en el funcionamiento del directorio de la empresa, el polémico funcionario pidió además la intervención judicial de Papel Prensa y el desplazamiento de los directores.
Fuentes de la compañía que también cita la prensa local restaron trascendencia a la denuncia de Guillermo Moreno y la interpretaron como un avance más del Gobierno en su intención de tomar el control de la producción de papel para diarios.
«Llama la atención la presentación, si se tiene en cuenta que el juzgado penal que interviene en una denuncia contra Moreno ya ha designado un veedor para garantizar el regular funcionamiento de la empresa», apuntó una fuente al diario de negocios El Cronista.
Recordó, además, que una denuncia de Moreno de «similar tenor» contra directores de la compañía ya fue rechazada por la Justicia en lo Penal Económico.
La embestida contra Papel Prensa se inició en 2009, después de que el ministro argentino de Economía, Amado Boudou, dijera que pediría una investigación a tres comisiones de diputados, entre ellas la de Libertad de Expresión, a raíz de que el Gobierno pide y no recibe información sobre la administración de la empresa.
Papel Prensa es una sociedad cuyo capital está en manos del Grupo Clarín, con una cuota del 49 por ciento; del Estado (27,46%) y de La Nación (22,5%), mientras que el 1,04 por ciento corresponde a terceros.
La empresa ha presentado una denuncia contra Moreno por considerar que el secretario de Comercio es responsable de «un plan criminal» para intervenir la compañía y ha logrado medidas cautelares en favor de sus peticiones.
Las relaciones del Gobierno de Cristina Fernández con la prensa pasaron de la polémica al enfrentamiento en los últimos meses, al calor del debate parlamentario de la nueva ley de Medios Audiovisuales, promulgada a comienzos de octubre pasado en medio del tajante rechazo de grandes grupos multimedia
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