DESDE LECHERÍA.- En la edición del diario «El Tiempo«, de fecha 18 de mayo de 2009, página 3, el gobierno regional, a través de la Dirección de Planificación y Presupuesto, se comprometió a cancelar la deuda que por concepto de intereses de mora de las prestaciones sociales, le deben a unos tres mil trabajadores jubilados de la Gobernación del estado. Cito textualmente las declaraciones del funcionario del titular del despacho: «Pero todavía queda la deuda de los intereses, que es la más grande”, según el funcionario, la irán cancelando progresivamente, para que todos los empleados en situación de retiro, estén contentos. Prosiguió diciendo: «Ese pago a los jubilados se realizará durante el primer trimestre de este año, después de que se produzca el cierre del ejercicio económico 2008».
Es evidente que el citado anuncio es uno de los más importantes que en materia laboral haya hecho este gobierno durante sus casi cinco años de gestión y que vendría a reivindicar la dignidad del funcionario jubilado y a restituir a la infringida Ley de Fideicomiso que norma todo el proceso legal que el patrono público y privado debe cumplir para proteger al trabajador en el pago oportuno de sus prestaciones sociales o, en caso contrario, resarcirlo, en cualquier mora, en el pago en referencia. Suponemos que un anuncio de tal magnitud, señalando fecha, ha debido estar apoyada por una logística administrativa pertinente como es el cálculo de dichos intereses por cada trabajador y la elaboración de las nóminas, a través de la Dirección de Recursos Humanos, y también la información directa al beneficiario. Este artículo tiene la finalidad de hacerle un seguimiento al compromiso de pago, en referencia y que, de producirse, obligaría a este columnista a escribir una nota periodística de reconocimiento al gobernador del estado, que sería el único -los anteriores no lo hicieron- en cumplir con esa obligación legal y humana.
Pero ese supuesto reconocimiento y cancelación de la deuda fideicomisal, a los casi cuatro mil trabajadores jubilados, obliga al gobierno a normalizar y darle funcionamiento a la Ley de Fideicomiso, que le ordena al patrono público o privado, abrirle una cuenta bancaria, a nombre de cada trabajador, activo y depositarle, anualmente, los intereses de sus prestaciones, ganadas por sus años de servicio al patrono correspondiente. Este dinero puede ser utilizado para sus necesidades de salud y para casos de imperiosa necesidad familiar. El espíritu de la Ley en referencia, busca fomentar la justicia social y proteger al trabajador e impedir la acumulación de una deuda que a la larga, se hace grande y le crea dificultades a los patronos para su cumplimiento.
Igualmente, buscamos con en esta nota de opinión, crear conciencia clasista en el seno de los poco más de 14 mil funcionarios que laboran en la gobernación del estado, llamarlos a organizarse, a estudiar la Ley de Fideicomiso para ir creando en sus centros de trabajo algunos núcleos de trabajadores, realizar talleres y prepararnos para la defensa de ese derecho.
VIRGILIO HEREDIA